Lo anterior se intentó en Ministerio Público con Werner (2006), se rechaza el procedimiento abreviado solicitado por las partes, por estimar que la aplicación del artículo 351 del CPP conducía a elevar la pena en dos grados, y no en uno como planteaba el MP en su acusación, superándose con ello en el caso en comento el límite máximo que tolera el procedimiento abreviado. En este asunto, como en tanto otros, el ordenamiento nacional es incompleto y lagunar, pues no entrega taxativamente al órgano jurisdiccional herramientas eficaces para desarrollar tal control, y de ahí la incertidumbre y diversidad en el tratamiento dado a esta materia por nuestros tribunales, nocivo estado que ha contribuido a la expansión de las prácticas discrecionales arriba comentadas59. Sobre el exigente examen de admisibilidad requerido por la doctrina argentina para la procedencia del juicio abreviado, v. Cafferata (2000) pp. Mediante esta conducta no solo se pretende disponer de la pura construcción del relato fáctico de manera consensuada, sino que tras aquello lo que se busca, es disponer de la norma sustantiva34. 201-234. Maurach, Reinhart, Gössel, Karl, y Zipf, Heinz (1994): Derecho Penal. 54 Etcheberry (2001) T. II, p. 184; Van Weezel (1997) p. 463; y, Van Weezel (2001) p. 406. 2. Pizzi, William (2004): Juicios y mentiras (trad. Este extremo fue agregado en el Senado, junto con la prohibición de que la sentencia condenatoria se emita exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado, prohibición que el Proyecto de CPP tampoco contemplaba. (Madrid, Marcial Pons). El principio de oportunidad en Colombia es de naturaleza constitucional y otorga facultad a la Fiscalía General de la Nación, para suspender, … ROL DEL OFENDIDO EN EL CONTROL JUDICIAL DE LEGALIDAD. Así, por ejemplo, en causa RUC Nº 1100231952-9, del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, sentencia de 17 de abril de 2012, el MP presentó requerimiento de procedimiento simplificado por el siguiente hecho: "(...) cuando personal de carabineros lo sorprendió en estado de ebriedad conduciendo el camión (...), el cual quedó evidenciado no solo por su incoherencia al hablar y rostro congestionado, sino además por el examen de alcoholemia que se le practicó, el cual arrojó que el imputado conducía con 2.13 gramos por mil de alcohol en la sangre". 74 v.t. En particular, en el procedimiento simplificado de resolución inmediata, el tribunal no podrá imponer en la sentencia una pena superior a la solicitada por el Fiscal en el requerimiento (artículo 395, inciso 2º, del CPP)28, mientras que en el juicio abreviado, el juez no podrá aplicar una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el Fiscal o el querellante, en su caso (artículo 412, inciso 1º, del CPP). Rudnick, Carolina (2007): La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación judicial de la pena (Santiago, LexisNexis, segunda edición). Cury, Enrique (2000): "La reforma procesal penal y la legislación penal", en VV.AA. Vincent. Key words: Discretion, mandatory prosecution, criminal proceedings. Consensual procedures and the avoidance of the full criminal trial (Durham, Carolina Academic Press). En otras palabras, la lógica de esta política criminal de actuación es que la verdadera sanción por el primer hecho delictual será la agravación de la sanción que su autor sufrirá por el segundo ilícito que se asume cometerá en el futuro14. WebPrincipios rectores y garantías procesales del procedimiento penal en Colombia. J. Bofill G. y E. Aimone G., Buenos Aires, Astrea). 167-183. 59 Del Río (2010) p. 362, caracteriza nuestro modelo de consenso en el proceso penal como un sistema práctico que se desarrolla al margen de las previsiones normativas procesal y penales, y que por lo tanto ha dado lugar a un sistema altamente desregulado e irracional. Ministerio Público con Núñez (2010): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1001051563-2, de 6 de diciembre del año 2011. 643 - 686] Sistema acusatorio de … 401-407. Incentivo punitivo en el juicio abreviado. Desde el delito de daños calificado a simple, v. Torres con Ossandón (2011), y del delito a la falta de daños, v. Cifuentes con Yáñez (2012). Conde-Pumpido (1989) pp. En la causa RUC Nº 1200195393-K, del Juzgado de Garantía de Colina, sentencia de 31 de enero de 2013, el MP acusó por los siguientes hechos: "(...) el imputado (...) abordó en la intersección de los pasajes Araucaria con Los Nogales de la Comuna de Colina a la víctima (...), a quien intimidó con un cuchillo exigiéndole la entrega del teléfono móvil que portaba consigo, de esta forma, la víctima entregó por la intimidación del imputado el teléfono que traía, dándose a la fuga el imputado con la especie de la víctima, ingresando este a un domicilio del sector, lugar de donde sacó un elemento contundente, esto es, un palo con el cual además golpeó en un brazo a la víctima quien lo había seguido hasta dicho lugar, exigiéndole la especie. El tema planteado se refiere a la aplicación del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil que prescribe “En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo”, presentándose el problema de sí tal disposición puede hoy recibir aplicación en todas las clases de procedimiento que contempla el nuevo Código Procesal Penal, en atención a que tal disposición fue promulgada para otra clase de procedimiento en materia criminal y también a que, en algunos casos, los nuevos procedimientos penales, no cumplen todas prescripciones exigidas al debido proceso. 45 Garrido (2001) T. I, p. 307, explica que "el juez cuenta con una relativa discrecionalidad para la determinación de la pena dentro del marco legal, pero esa discrecionalidad no es absoluta, debe respetar los principios jurídicos que la orientan y los fines que esta persigue (prevención general y especial, merecimiento y necesidad de la sanción)". Politoff, Sergio, Matus, Jean Pierre y Ramírez, María Cecilia (2004): Lecciones de derecho penal chileno. La conformidad en el Proceso Penal Español (Barcelona, Cedecs, primera edición). Blanco con Arguedas (2012): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1200462700-6, de 27.07.2012. Principio de igualdad. Lo arriba razonado creemos puede calzar con otras dos situaciones específicas donde la rebaja de pena debiera quedar entregada facultativamente a la discreción del tribunal. ... Medio Ambiente, Seguridad, Social, Tránsito, … La convergencia entre proceso civil y penal ¿Una dirección adecuada? Si esta es desestimada, en caso de haberse ya formulado acusación escrita, se procederá a preparar el juicio oral, y en caso contrario se continuará el procedimiento según el estado en que se encontrase al momento de formularse la acusación, ya sea pendiente el cierre de la investigación o cerrada esta etapa pero faltante la presentación de la acusación, o presentada esta pendiente la audiencia de preparación del juicio oral60. 15 Segundo Informe de la Comisión de del Senado. Ministerio Público con Varas(2009): del Juzgado de Garantía de Valdivia, RUC Nº 1100289676-3, de 12 de septiembre del año 2011. Principio acusatorio y determinadas garantías procesales (el deber de correlación). 157-166. Formas de incumplir el principio de obligatoriedad como las que hemos mencionado encuentran terreno fértil en el procedimiento simplificado de resolución inmediata y en el juicio abreviado6, al amparo de una regulación incompleta y confusa, carente de los controles judiciales necesarios para ponerle atajo. Ministerio Público con Gómez (2008): Corte de Apelaciones de Rancagua, ROL Nº 186-2008, de 2 de junio del año 2008. Matus, Jean Pierre y Van weezel, Alex (2003): "Artículos 50 a 73", en Politoff, Sergio y Ortiz, Luis. Obligatoriedad de los procedimientos establecidos por la ley Este mandato excluye la posibilidad de que los sujetos procesales convengan libremente los … 81-98. Esta primera práctica consiste en recortar los hechos que razonablemente podrían acreditarse con los antecedentes investigativos reunidos por la Fiscalía, con el fin de hacerlos encajar en la calificación más beneficiosa para la negociación, con independencia de su correspondencia con la realidad de los antecedentes de cargo. En estos procedimientos, el MP el imputado y su defensa, disponen sobre el desarrollo del proceso –consenso sobre el rito procedimental–, pues excluyen el juicio oral como su etapa final y regular, mutándola por un juzgamiento en base a la confesión judicial y el examen de los registros de la instrucción. Principio oficial La persecución penal constituye una obligación o un deber constitucional de un órgano público. En el primer supuesto de estudio, el acusador público intencionadamente realiza una calificación jurídica que se basa en hechos sustancialmente distintos –e inexistentes– a los planteados en la acusación, la cual se mantiene en este aspecto inalterada. 363-378. 8.-. Novoa, Eduardo (2005): Curso de Derecho Penal Chileno. ", en Centro de Documentación Defensoría Penal Pública. Estos hechos fueron calificados por el MP como delito de hurto, respecto de los cuales se pide la imposición de una pena de 61 días de presidio y multa de 5 UTM. ... La misma tendr que ser desplegada por el Ente fiscal, encargado del … 15 de Diciembre de 2015 16331. Ministerio Público con Valenzuela(2009): Juzgado de Garantía de Los ángeles, RUC Nº 1201140366-0, de 16 de noviembre de 2012. Ministerio Público con Vicencio (2004): Corte Suprema, ROL Nº 4.180-2004, de 25 de enero del año 2005. Igual motivo de queja debe dirigirse contra la mutación de la calificación jurídica del hecho imputado en la acusación –v.gr. 360 y ss. Abalos con Rencoret (2010): 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 1000764947-4. Salinas con Carrasco (2013): 9° Juzgado de Garantía de Santiago RUC Nº 1200764804-7, de 27 de enero del año 2013. Concepto. Atabales con Arce (2007): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo del año 2007. Ley Nº 18.290, de 7 de noviembre de 2009, Ley del Tránsito. A este principio, por su mayor precisión conceptual y neutralidad terminológica, nos referimos como obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal4, sin desconocer que parte importante de la doctrina europeo-continental y nacional, suele denominarlo indistintamente como principio de legalidad o de legalidad procesal. Con ello, en el próximo proceso penal a que se verá enfrentado este hechor –pues el Fiscal, atendido el nulo efecto que tendrá la pena ahora impuesta, ya asume la futura reincidencia como un evento casi cierto–, este ya no será considerado como primerizo, y por lo tanto la pena se exasperará por operación de las normas agravatorias fundadas en la reincidencia, o al menos será más severa, al privarle el acceso a una pena sustitutiva de la Ley Nº 18.216. Web2013] de DerechoManuel Rodríguez Vega: Principios obligatoriedad… Páginas 181-208 181 Revista Vol. 81-84. Mera Figueroa, Jorge (2004): "Discrecionalidad del Ministerio Público, calificación jurídica y control judicial", en Informe de Investigación Nº 1 al 15, 1999-2003 (Santiago, Centro de Investigaciones Jurídicas. Por lo anterior, únicamente cabría admitir ampliar el objeto del procedimiento abreviado a los hechos de la acusación particular –que excedan los de la acusación del MP–, cuando el imputado también acepte estos –y los antecedentes que los fundan–, ello, mediante analogía in bonam partem (admitida a contrario sensu, según se desprende del artículo 5°, inciso 2°, del CPP), si con ello se evita la exposición del acusado "a" y "en" un juicio oral, además de acceder a la rebaja punitiva que prevé el artículo 407 de CPP por someterse al procedimiento abreviado. 39 Igualmente patente es lo discrecional del cambio de calificación en la Ministerio Público con Muñoz (2007). Torres con Ossandón (2011): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1100693644-1, de 3 de diciembre del año 2011. Teoría del garantismo penal (Madrid, Trotta, quinta edición). Ministerio Público con Werner (2006): Juzgado de Garantía de Illapel, RUC Nº 0400082703-2, el 30 de agosto del año 2006. Una vez admitida responsabilidad por el imputado, en su fallo la sentenciadora estimó que no concurrían dos de las mitigantes alegadas por el MP –artículo 11 Nº 6 y 7 del CP–, procediendo legalmente la imposición de una pena entre 61 y 540 días de presidio, sin embargo, sanciona en definitiva con fecha 4 de noviembre de 2010, a la pena inferior requerida por el MP en virtud de lo dispuesto en el artículo 395, inciso 2°, del CPP, y argumentando que: "toda vez que ya admitida la responsabilidad penal por el encausado, se ha fijado el límite máximo de pena a imponer, encontrándose el tribunal vedado de aplicar una pena superior a ella, siendo ya intrascendente a los efectos su pronunciamiento respecto de aquellas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal". No es necesario que una persona, natural o jurídica, … (ed.) En uno y otro procedimiento la pena que no podrá superar el sentenciador es aquella modificada por el Fiscal a raíz de la negociación con el imputado y su defensa para la renuncia al juicio oral y no la contenida originalmente en el requerimiento y acusación, en su caso, pues de lo contrario la limitación al tribunal no tendría en general efecto alguno, ya que en dichas presentaciones comúnmente se persigue la pena máxima autorizada por la ley. 32 Oficio de la Fiscalía Nacional Nº 286/2010, de 31 de mayo de 2010. ABSTRACT: This article states that the national regulation does not take into account, in respect of procedures based on self-incrimination, suitable procedural controls on the mandatory exercise of penal action according to the substantive law that should boost the prosecution by law, leaving as a result, multiple, large and important spaces to abandonment or degradation of its exercise of discretion, thus reversing the original model of procedural coding, as displaces in the forensic field, the discretion as to the binding rule in criminal prosecution. 67 Este parecer ha sido defendido por Tavolari (2005) p. 242, para quien, la pena pedida, en cuanto constituye el elemento determinante del procedimiento a seguir, es vinculante para los jueces. Asimismo, aun cuando nuestra doctrina está conteste en que es discrecional y privativo del tribunal la determinación de la pena concreta dentro del grado54 conforme prescribe el artículo 69 del CP, tampoco podría objetarse que el MP en su acusación o requerimiento pida una pena concreta (por ejemplo, 61 días de presidio) y no el grado resultante de las normas de determinación de pena (siguiendo el ejemplo anterior, presidio menor en su grado mínimo). Facultad de Derecho Universidad Diego Portales). En esta materia la doctrina ha entendido principalmente que la modificación de la acusación puede consistir en la retirada de hechos –v.gr. 2013 Manuel RodRíguez Vega: PRinciPios de obligatoRiedad… 181 * abogado Magíster en derecho Penal Profesor de derecho Penal de la u católica silva … VII. Lo que pretende el proyecto es combinar ambos sistemas, exigiendo la aceptación de los hechos y antecedentes de la investigación, pero además que haya un examen de los antecedentes reunidos por la fiscalía para evitar que la condena se produzca por la sola confesión del imputado y se obliga al fiscal a limitar la pena solicitada". WebCon el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el … El principio de legalidad, se encuentra proclamado en el art.25 de la Carta Magna -EDL 1978/3879- al disponer que «nadie podrá ser condenado o … Este hecho lo calificó el MP como delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, solicitando la pena de 300 días de presidio menor y multa de 2 UTM, además de la suspensión de licencia de conducir por el término de 1 año. Parte general (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición). 41 Se constata el tránsito desde el delito de amenazas a la falta del artículo 494 Nº 4 del CP, en Ministerio Público con Zapata (2012), Ministerio Público con Contreras (2012) y Blanco con Arguedas (2012); Hernández con Alarcón (2012); Cifuentes con Yáñez (2012); Ministerio Público con Guzmán (2012); y, Ministerio Público con González (2010). Y en cuanto a la incorporación al requerimiento o a la acusación de la atenuante del artículo 11 Nº 9 del CP, esta resulta muchas veces una parca recompensa para el requerido o acusado que renuncia al juicio oral –si se coteja con la rebaja de un tercio de la pena que permiten los procedimientos italianos del patteggiamento y abbreviato, y el juicio rápido español, por ejemplo–, pues dicha modificatoria necesitará para operar una rebaja relevante de la pena –siquiera de un grado–, el concurso de al menos otra mitigante (artículos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP), o su consideración como muy calificada (artículo 68 bis del CP), y siempre bajo el supuesto que no se presente también alguna agravante que podría anular su efecto. Carabineros de Chile con Araya (2013): 6° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 0900607925-0, de 30 de enero del año 2013. Ministerio Público con Sivoli (2006): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 1.083-2006, de 6 de julio del año 2006. Para que la morigeración de la sanción postulada por el Fiscal sea un real incentivo que provoque o induzca la renuncia del imputado al juicio oral, es que ambos procedimientos en análisis contemplan un tipo de vinculatio poena, que impide al tribunal sancionar en forma más gravosa que la postulada por el MP. Publicado En: Revista de Derecho. Parte General (trad. Ministerio Público con águila (2010): Juzgado de Garantía de Osorno, RUC Nº 1000459761-9, de 27 de septiembre del año 2010. XXVI – Nº 1 – Julio de 2013 Principios … 18 Alschuler (1968-69) pp. Alschuler, Albert (1968-69): "The Prosecutor's Role in Plea Bargaining", University  of Chicago Law Review vol. RESUMEN: En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. 2. Ministerio Público con Alonso(2012): Juzgado de Garantía de Punta Arenas, RUC Nº 1101033498-7, de 21 de enero del año 2012. Principio de obligatoriedad de la acción penal en el sistema procesal penal chileno Pese a su tradición procesal-penal legalista, retribucionista e inquisitoria … Salas, Jaime (2009): Problemas del proceso penal (Santiago, Librotecnia). En esto, la doctrina nacional está a la par de la foránea, la cual destaca que aun cuando un sistema permita cualquier modalidad de justicia negociada, solo debe permitirse el acceso a esta cuando el órgano jurisdiccional haya determinado, en primer lugar, la existencia de indicios racionales que permitan ejercer la acción penal65. ; Politoff, Matus y Ramírez (2004) p. 533; Novoa (2005) T. II, p. 362; Cury (2005) 769; y Medina (2009) 209. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Control judicial de admisibilidad en el juicio abreviado y en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. M. Olmedo, Granada, Comares, quinta edición). WebRevista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XL (Valparaíso, Chile, 2013, 1er Semestre) [pp. Ministerio Público con Guzmán (2012): Juzgado de Garantía de Lautaro, RUC Nº 1210014562-4, de 14 de agosto del año 2012. En el sistema de justicia penal chileno este principio se consagra en el artículo 166, inciso 2°, del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) y, de ese modo, la investigación se iniciará de oficio cuando el Ministerio Público (en adelante, MP) tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito. Ya Pecchi63 precisamente había criticado a la sazón que no se hiciera referencia alguna en el Proyecto de CPP a que este procedimiento abreviado solo será aplicable siempre que previamente se encuentre suficientemente acreditado el hecho punible por otros medios que no sea el reconocimiento de participación que hace el imputado. La "computación en la nube La … Goldstein, Abraham (1981) The passive judiciary. El Nuevo Proceso Penal Chileno (Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dept. Mientras el procedimiento inquisitivo en los sistemas de justicia continentales consistió en la mera verificación pública del contenido del dossier de la investigación preliminar, el aparato de justicia criminal tenía escaso interés de negociar beneficios con el acusado, pues no había mayor incertidumbre acerca de la decisión que tomarían los jueces profesionales en este remedo de juicio9. Medina, Gonzalo (2009): "Sobre la determinación de pena y el recurso de nulidad en la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente", Revista de Estudios de la Justicia, Nº 11: pp. El inciso 3° del artículo 407 del CPP prescribe que: "Si se hubiere deducido acusación, el fiscal y el acusador particular podrán modificarla según las reglas generales, así como la pena requerida, con el fin de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas de este Título. El Juzgado de Garantía acepta el procedimiento abreviado, no obstante que en el fallo califica los hechos como robo con violencia41. Correa, Carlos y Reyes, Mauricio (2011): El procedimiento abreviado y la justicia criminal negociada. 2. Ferrajoli, Luigi (2001): Derecho y razón. 480-481. (¿marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo? Barona, Silvia (1994): La conformidad en el proceso penal (Valencia, Tirant lo Blanch). Ministerio Público con Opazo (2009): Juzgado de Garantía de Colina, RUC Nº 1201272323-5, de 24 de diciembre del año 2012. Ministerio Público con Madariaga (2009): Juzgado de Garantía de Coquimbo, 2 de octubre del año 2010. VI. 6.-. 297-305. Webque el principio de obligatoriedad es el género y el principio de oportunidad su excepción, en que el fiscal en cumplimiento de sus atribuciones y observando los … b) Segundo supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a la pretendida por el MP, pero inferior a cinco años y un día de presidio o reclusión menores en su grado máximo, basándose en los mismos hechos de la acusación del MP, pero proponiendo una calificación jurídica de los hechos, atribuyendo una forma de participación, o señalando circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. El principio de obligatoriedad supone que los contratantes están obligados a cumplir lo estipulado en el contrato. En efecto, tal suficiencia de antecedentes exigida por el legislador más bien fue muestra de su temor a que, ante la desigualdad de condiciones en la negociación entre el Fiscal y el imputado62, este renuncie al juicio oral no obstante la ausencia de antecedentes inculpatorios, en forma similar al plea bargaining estadounidense, para lo cual instaura un control sobre la base de las diligencias instructoras para prejuzgar si en ellas existe o no un suficiente acopio de material probatorio de cargo. Estos principios suponen que el órgano público de persecución no pueda discrecionalmente configurar los hechos que someterá al conocimiento y juzgamiento del tribunal, debiendo contener su requerimiento o acusación todos los elementos fácticos respecto de los que la investigación haya arrojado un fundamento serio para perseguir y que sean relevantes para la decisión jurisdiccional, todo ello salvo autorización legal en contrario. 27 v. Ministerio Público con Sivoli (2006); y Ministerio Público con Varas (2008). Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T. II, tercera edición). Por otra parte, la imprevisión legislativa para dotar de un adecuado instrumental a los jueces para disuadir, evitar y corregir abusos en la reducción de la pretensión procesal del MP, ha derivado en las exageradas menguas que pueden alcanzar las sanciones penales resultantes de estas negociaciones entre Fiscal-imputado, cuya nimiedad no contribuye de modo alguno a los fines que suelen atribuirse a la pena criminal12. To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser. 77-109, al tratar lo que él ha llamado como "prácticas inadecuadas sobre el procedimiento abreviado en la jurisprudencia". Salinero, Sebastián (2012): "¿Por qué aumenta la población penal en Chile? 60 En este caso, se tendrán por no formuladas las acusaciones verbales realizadas por el Fiscal y el querellante, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, estos hubieren realizado a sus respectivos libelos (artículo 407, inciso final, del CPP). 12 del CPP. 46 v. entre otros, Bullemore y Mackinnon (2005) T. I, p. 153. De asentarse la tesis enunciada –retiro del material fáctico no suficientemente acreditado de la acusación– en la realidad del foro, prontamente las defensas y los imputados advertirán que ninguna ventaja representa para ellos la modificación de la acusación realizada por el Fiscal, pues simplemente ha ajustado la acusación a lo que podría probar en el juicio oral, por lo que nada perderían entonces insistiendo con dicha instancia22. Webel principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acciÓn penal en los procedimientos jurisdiccionales basados en la autoincriminaciÓn the principle of mandatory … WebTraducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-inglés de Reverso Context: Una ley de octubre de 1985 establece el principio de obligatoriedad de … Escrito el 26 de Octubre de 2021 en español con un tamaño de 12,41 KB. 16 v. Mera (2004) p. 253; Horvitz (2005) T. II, p. 522; y, Del Río (2009b) p. 75. EL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA AUTOINCRIMINACIÓN, THE PRINCIPLE OF MANDATORY CRIMINAL PROSECUTION IN RESPECT OF PROCEDURES BASED ON SELF-INCRIMINATION. de Derecho Procesal) pp. Otras apreciaciones, en Medina (2009) p. 203; y, Novoa (2005) T. II, pp. En lo que nos interesa, si la bajada de material fáctico de la acusación –ya sea en relación a la primera acusación o a la formalización de la investigación17–, obedece auténticamente a una tardía advertencia por el Fiscal de la debilidad de los antecedentes reunidos para acreditarlo, sin duda que tal actuación se ajusta al principio de objetividad que rige su actividad y aun sin la autorización del artículo 407 en comento, podría haberse ejecutado. El overcharging generalmente va de la mano con lo que se ha denominado como bluffing, esto es, tratar de hacer aparecer la evidencia de una acusación muy sólida, cuando en la realidad no lo es tanto, ello con el propósito de dar la impresión de que en el juicio se obtendrá una sentencia condenatoria segura, de modo que el acusado crea como conveniente cualquier pacto que ofrezca la acusación por mínima que sea la rebaja ofrecida19. 51 v. Van Weezel (1997) p. 470; Garrido (2001) T. I, p. 322; Etcheberry (2001) T. II, pp. Horvitz78, reconociendo que las facultades del querellante se ven mermadas respecto del rito ordinario, quedándole a este solo la posibilidad de ser oído y presentar prueba en el juicio, solo da como alternativa para aquellos casos en que la pena requerida en concreto por el Fiscal se base en hechos o circunstancias que no guarden correspondencia con los antecedentes de la investigación o se valga de interpretaciones jurídicas sin asidero alguno en la ley, la jurisprudencia o la doctrina, el reclamo del querellante o la víctima ante las autoridades correspondientes por las vías que franquea la LOC del MP79. 53 Sosteniendo, con la minoría de la doctrina, la obligatoriedad de la rebaja de pena por concurrencia de circunstancias atenuantes, Mañalich (2010) pp. Mensaje Nº 440-350 de 22 de enero de 2004 que acompañó al Proyecto correspondiente a la Ley Nº 20.074. Ministerio Público con Galarce (2012): Juzgado de Garantía de Antofagasta, RUC Nº 1200253536-8, de 17 de agosto del año 2012. Ley Nº 18.216, de 14 de mayo de 1983, Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. 3. En audiencia posterior, sin modificar los hechos, el MP los califica ahora como delito de receptación, no obstante que sigue imputándole al requerido haber sido él mismo quien sustrajo el objeto. Por otra parte, por esa vía se potencia aún más la intervención del querellante en el proceso como factor para controlar y moderar los excesos en que incurre el MP en las negociaciones con el imputado y su defensa. Este principio nos dice que las personas gozaran el derecho de recibir un seguro general obligatorio sin distinción alguna de su nacionalidad … Academia.edu no longer supports Internet Explorer. Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T.I). DEL RÍO, Carlos (2009) Los poderes de decisión del juez penal. El artículo 482 –actual artículo 410 inciso 1º– rezaba así: "Resolución. de Derecho Procesal) pp. En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codifi cación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. 62 Sobre esta asimétrica posición entre las partes que negocian en el proceso penal, y cómo esta se opone a una visión de la administración de justicia basada en la racionalidad del mercado que abraza la ideología de laissez-faire, v. Damaska (2010) pp. Debe darse por descontado –así también la experiencia comparada lo confirma– que la Fiscalía verá la intervención de la víctima-querellante como un impedimento para lograr un acuerdo con el imputado, restándole poder de negociación. 287-308. Al estimar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo de 2007 que dicha pretensión particular era fundada, conforme al artículo 414 del CPP, invalidó tanto la sentencia definitiva como la audiencia de procedimiento abreviado, ordenando la realización de la audiencia de preparación de juicio oral74. Y en segundo lugar, la rebaja en dos o tres grados de una pena divisible de uno o más grados (artículos 67, inciso 4°, y 68, inciso 3°, del CP). Amén de las modificaciones de pena que respondan a los dos aspectos examinados, al igual que en el procedimiento abreviado, pareciera que la regulación pertinente no da cabida a mayores variaciones del requerimiento, cuestión que como estudiaremos a continuación, también ha sido sobrepasada por la realidad forense. Concurso aparente de leyes penales y … Lo anterior vuelve innecesario que, ya declarado procedente el juicio abreviado, el Fiscal vuelva a exponer los antecedentes de la acusación (como prescribe el artículo 411 del CPP), pasándose derechamente al debate de las partes sobre su mérito. Algunas de las prácticas que revisaremos han sido respaldadas, con diferencias, por buena parte de nuestra doctrina, v. Oberg (2000) p. 162; Mera (2004) pp. Manual de apoyo.Reformado, Litigación estrategica en el nuevo proceso penal, MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE GUATEMALA, Comentarios al Código Procesal Penal Tomo I. 13 Becker (2009). 24 Ministerio Público con Paredes (2012). Villanueva con Sánchez (2010): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1000241793-1, de 19 de octubre del año 2010. 44 Igual situación se aprecia en Ministerio Público con Ardiles (2012); y Ministerio Público con Ferrada (2013). En la causa Abalos con Rencoret (2010), se presentó requerimiento por el MP por cuasidelito de homicidio, en el que hace valer tres atenuantes (artículo 11 Nº 6, 7 y 9 del CP) para solicitar una pena de 30 días de prisión. En el primer caso, ya sea porque las defensas han aprendido a reconocer que tales rebajas y modificaciones no constituyen ninguna concesión de parte del MP para su defendido, sino solo un ajuste a lo que razonablemente podrían demostrar en un juicio oral, razón por la que nada exponen sometiéndose a este. Martín, José (2013): "Algunas manifestaciones de la aproximación entre el proceso penal y el proceso civil", en Armenta, Teresa (Coord.) Ministerio Público con Mejías (2010): Juzgado de Garantía de Linares, RUC Nº 0700267260-4, de 26 de diciembre del año 2010. 48 También v. Ministerio Público con González (2010); Ministerio Público con Vergara (2006); sentencia del Juzgado de Garantía de San Antonio, RUC Nº 1100808115-K, de 14.12.2011; Ministerio Público con Espina (2013) y RUC Nº 1200275891-K, de 23.01.2013; Ministerio Público con Caris (2013), Salinas con Carrasco (2013) y Sánchez con Moreno (2013); sentencia del Juzgado de Garantía de Linares, RUC Nº 1200229 Ministerio Público con Ferrada (2013); Carabineros de Chile con Araya (2013); y Ministerio Público con Opazo (2009). 36: pp. En el ámbito comparado, v. Quintero, Morales y Prats (1996) p. 539; Maurach, Gössel y Zipf (1994) p. 794; Jescheck y Weigend (2002) pp. Esta visión restrictiva sobre el alcance de los consensos que pueden lograrse al interior del proceso penal, concuerda con el Mensaje con que se acompañó el Proyecto de CPP, al señalarse ahí que "se propone la creación de algunos procedimientos simplificados en que por la vía de acuerdos entre todos los intervinientes o de algunos de ellos, se supriman etapas del curso ordinario del procedimiento de modo que se permita alcanzar una solución rápida del caso por medio de una sentencia definitiva, siempre que ello resulte posible sin vulnerar los valores que el sistema busca proteger". 44-45; y, Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1063. Hacía la Gestión del conflicto y la fortaleza de la ley. Es ley general, que nadie debe ser Juez a si mismo, ni declarar derecho para sí. Constitución Política de la República. La justicia penal en Europa y América ¿Un camino de ida y vuelta? El texto transcrito, a diferencia del correspondiente al juicio abreviado, solo contiene una autorización para la modificación de la pena requerida, no así del requerimiento, entendiendo por tal su contenido fáctico y su calificación jurídica, por lo que determinar a qué obedece tal enmienda de la pretensión procesal ha generado aún mayor discordia entre los operadores de nuestro sistema penal, sobre todo si el legislador no sujetó expresamente tal modificación punitiva al reconocimiento de una mitigante específica ni a su operación conforme a las reglas generales, como sí lo hizo respecto del juicio abreviado. Algunos autores han ido más allá, intensificando en mayor o menor grado este control de admisibilidad, al respecto v. Núñez (2003) T. II, p. 445; Falcone (2005) pp. De acuerdo con lo que marca la propia fracción IV del … De no existir, o de no operar adecuadamente dicho control preliminar, el tribunal al fallar se vería impedido de imponer la pena correspondiente a la calificación jurídica y sus circunstancias modificativas que estime ajustada a los hechos acreditados, pues la prohibición para superar la pena perseguida por el Fiscal prescrita en los artículos 395 y 412 del CPP lo obstaría57, violentándose de ese modo el principio y garantía de exclusividad de la jurisdicción58. 57 Erróneamente se sostuvo lo contrario Ministerio Público con Allende (2006), que en apelación de sentencia de procedimiento abreviado, elevó la pena a 5 años y un día de presidio, en vez de declarar improcedente este procedimiento conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 414 del CPP. Rodríguez, Nicolás (1997): La justicia penal negociada. Sobre labeling approach, v. Hassemer (1984) pp. WebLa validez que tiene la ley penal desde que surge su obligatoriedad a raíz de su publicación hasta su derogación o abrogación. 76 Así lo ha resuelto sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 2.698-2007, de 18.12.2007 y Ministerio Público con Chauán (2009). 43 También se aparta la agravante del artículo 12 Nº 16 del CP de la acusación o requerimiento, según consta en la sentencia Ministerio Público con Varas (2008); sentencias del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 0600002316-5, de 23.01.2007, Ministerio Público con Madariaga (2009), Villanueva con Sánchez (2010) Ministerio Público con Ardiles (2012); Ministerio Público con González (2012); Ministerio Público con Vergara (2006); Ministerio Público con Galarce (2012); sentencia del Juzgado de Garantía de San Antonio, RUC Nº 1100808115-K, de 14.12.2011; Ministerio Público con Espina (2013), y RUC Nº 1200275891-K, de 23.01.2013. Como nos enseña Maier, el principio de legalidad, desde un punto de vista negativo, significa que ningún criterio de oportunidad –político-utilitario, por conveniencia práctica, económica, temporal, etc.– autoriza, en principio, a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible3. Ministerio Público con Ruiz (2009): Juzgado de Garantía de San Vicente, RUC Nº 0800964958-2, de 25 de septiembre del año 2009. WebExcepciones a la obligatoriedad de la acción penal (la consagración del principio de oportunidad) 5 0 Descargar (0) 0 Descargar (0) En otras palabras, se califica jurídicamente con prescindencia del hecho37. En este punto hoy la doctrina predominantemente estima como facultativas para el juez tanto la rebaja de la pena como el monto de ella51, no obstante lo cual, encontramos ejemplos de tal anticipación, como en la sentencia del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1100172703-8, de 4 de enero de 2012, en la que se deja constancia que respecto del delito de robo en lugar habitado, y concurriendo dos mitigantes (artículo 11 Nº 7 y 9 del CP), el MP solicita una pena de 541 días de presidio, es decir, dos grados bajo el mínimo, sanción que en definitiva impone el Juzgado de Garantía escudándose en la limitación que le significa la norma del artículo 412 del CPP52. XXVI – Nº 1 – Julio 2013 Páginas 181-208 Principios de obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal … El principio de legalidad es uno de los más importantes que rigen en el Derecho penal, ya que constituye una de las garantías por las que se limita la facultad … Solo la ley … 1003 revista chilena de derecho, vol. WebSistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal. Respecto del examen de suficiencia de los antecedentes investigativos reunidos por el MP, despejemos que para llevarse a efecto, necesariamente demandará su exposición en forma previa al juicio propiamente tal, la que usualmente se realiza ya sea motu proprio por el MP, o a indicación del Juzgado de Garantía, para cumplir con otro de los presupuestos de admisibilidad de este procedimiento, esto es, que el acusado acepte los antecedentes de la investigación que fundan la acusación –lo que requiere por cierto su conocimiento–, de lo cual la mejor forma de cerciorarse fehacientemente por la autoridad judicial, es exigir que dicha presentación se realice en la propia audiencia en forma oral61. 35, Nº 1: pp. Fuentes del derecho procesal penal 7.1. Ahora bien, el verdadero problema de esta tesis es que deja amplio margen al abusivo ingenio del overcharging, como es conocida esta operación en el derecho estadounidense, con el que se aborda dos distintos problemas: a) horizontal overcharging, esto es, la actitud del MP de multiplicar sin razón alguna el número de acusaciones contra un único acusado; y, b) vertical overcharging, en este caso se acusa al defendant con un solo cargo, pero en un grado más alto del que las circunstancias del caso parecen justificar18. Derecho chileno y comparado (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). En lo que respecta a esta hipótesis, el acusador particular no puede ya oponerse a la celebración del procedimiento abreviado, atendido que el artículo 408 del CPP exige que, como consecuencia de la distinta calificación que sostiene esa parte, la pena solicitada supere el límite de 5 años de presidio o reclusión menores señalado en el artículo 406. En dirección opuesta v. Tavolari (2005) p. 236, y Ministerio Público con Vicencio (2004). II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León (Madrid, Ministerio de Justicia) pp. La noción fuente de derecho puede definirse como el procedimiento a través del cual se produce, … 66 No obstante ello, podemos encontrar jurisprudencia que apunta en el sentido por nosotros desestimado, v. Ministerio Público con Marín (2004). Conde-Pumpido, Cándido (1989): "El principio de oportunidad reglada: su posible incorporación al sistema del proceso penal español", en VV.AA. 54 y ss. 288-302. Del Río, Carlos (2009b): Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional (Santiago, Librotecnia). Entre muchos casos en que se plantea tempranamente por el MP una disminución de la multa que obsta su fijación por el tribunal, podemos citar la sentencia del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1001051563-2, de 6 de diciembre de 2011, donde consta que por el delito de receptación objeto del requerimiento se pide por el MP una multa de 1 UTM, en circunstancias que el mínimo legal es de 5 UTM50. Cerda, Rodrigo (2003): Etapa intermedia, juicio oral y recursos (Santiago, Librotecnia). 4. C. F. Gallardo, Madrid, Tecnos). Para estos efectos, la aceptación de los hechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 406 podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, Nº 9, del Código Penal, sin perjuicio de las demás reglas que fueren aplicables para la determinación de la pena". En la jurisprudencia, v. Ministerio Público con Bustamante (2009); y Ministerio Público con Madariaga (2009). Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia (Santiago, Librotecnia, segunda edición). 4 Siguiendo con ello a Díez-Picazo (2000) p. 13. v.t. WebSistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal. 1. Damaska, Mirjan (2010): "Negotiated Justice in International Criminal Courts", en Stephen, T. Ministerio Público con Zapata (2012), donde consta que el MP presenta requerimiento por hechos que califica como delito del artículo 288 bis del CP, pidiendo se imponga la multa de 1/5 de UTM, en circunstancias que el mínimo legal es de 1 UTM; Ministerio Público con águila (2010), revela que respecto del delito de hurto del artículo 446 Nº 2 del CP, el MP pide se imponga a los imputados sendas multas de 2 y 3 UTM, en circunstancias que el mínimo legal es de 6 UTM; Cerda con Cáceres (2013), se demuestra que respecto del delito de hurto (artículo 446 Nº 3 del CP), el MP pide que se imponga al imputado la multa de 1/3 de UTM, en circunstancias que el mínimo legal es de 5 UTM. Montero, Juan et al. Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho. 9 v. Damaska (2010) p. 86. 1. Cuestiones y Casos (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). Quintero, Gonzalo, Morales, Fermín y Prats, Miguel (1996): Curso de Derecho Penal. 73 Lo mismo cabe señalar si los "antecedentes" que fundan los hechos de la acusación particular no abarcados por la acusación oficial, no fueron aceptados por el imputado, ya sea porque siendo parte del cuaderno de investigación del MP, no fueron invocados por este como sostén de su acusación en la audiencia de procedimiento abreviado, o porque son elementos investigativos recabados autónomamente por el querellante y no allegados al registro de la investigación del MP. Por similares motivos, también optamos en general por hablar de discrecionalidad para aludir al principio antagónico al recién mencionado, en desmedro del término oportunidad, pese a que esta denominación ha adquirido carta de naturaleza en nuestro medio jurídico. 12 Artículo 395 CPP original, v. Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de Chile (en adelante, Comisión del Senado) correspondiente a la tramitación de la Ley Nº 20.074. En la segunda situación a examinar enunciada al comienzo de este apartado, también se produce una modificación de la calificación jurídica de los hechos de la acusación inicial –los que se mantienen intactos–, pero específicamente mediante una degradación delictiva, esto es, desplazando la calificación hacia un tipo menos grave, pero casi siempre homogéneo40. Becker, Howard (2009): Outsiders: hacia una sociología de la desviación (Buenos Aires, Siglo Veintiuno). Principio de obligatoriedad (principios constitucionales en materia fiscal) en la Doctrina Mexicana. Tiene como caracteristica que es: Exclusiva: Quiere decir que solo la ley penal define delitos y establece penas. Incentivo punitivo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. WebEn efecto, sea la obligatoriedad o la discrecionalidad el principio que comande la actuación del Ministerio Público en un determinado ordenamiento acusatorio, el juez … c) Tercer supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP –pero comprendidos en la formalización–, que conllevan una calificación jurídica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. 203-215. Además, la doctrina no es conteste sobre la posibilidad de llevarlo a cabo ante el vacío legal, así Maturana junto a Montero68, además de Salas69 concuerdan en que no existe control jurisdiccional de ningún tipo respecto del requerimiento del Fiscal, mientras que Horvitz70 y Chahuán71 estiman que el MP debe atenerse al principio de legalidad y objetividad, de manera que si este solicita la aplicación de una pena inferior a la que corresponde según la ley y las circunstancias del caso, el juez debiera rechazar el requerimiento sobre la base de la no concurrencia, en el caso concreto, del presupuesto de aplicación del procedimiento simplificado, ya que "la pena concreta requerida solo puede serlo la que corresponda conforme a la ley". 50-112. Mañalich, Juan Pablo (2010): "¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena en caso de concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal? En este caso, si el querellante no modifica los hechos de su acusación conforme le autoriza el artículo 407, inciso 3°, del CPP, retirando los que excedan la acusación del MP –esta actuación del querellante no confronta el principio de obligatoriedad de la acción penal, el que solo recae sobre el MP–, podrá dicha parte oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado al igual que en el primer supuesto antes visto, pues el artículo 408 del CPP no excluye que la distinta calificación jurídica, participación o circunstancias modificatorias que esgrime el querellante para oponerse al procedimiento abreviado, provenga de hechos más amplios que los de la acusación oficial, de conformidad al artículo 261 letra a). 78 Horvitz (2005) T. II, pp. Ministerio Público con Chahuán (2009): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 1.611-2009, del 10 de septiembre del año 2009. En este y otros casos ya vistos y que se verán luego, la pretensión punitiva suele quedar reducida a menos de un diez por ciento de la primitiva, movimiento pendular que, con aguda razón es cuestionado por Del Río36, tanto porque la variedad y heterogeneidad de la práctica demuestra que no se obedece a ningún criterio racional y preestablecido, sino a la pura utilidad del caso a caso guidada por el fin de provocar el consenso, y por otra parte, en atención a que las aceptaciones obtenidas con ofrecimientos de rebajas punitivas como las comentadas no pueden considerarse voluntarias. Pero la víctima no solo se encontrará habitualmente con un acusador público con intereses contrarios a los que ella persigue, sino que, para que sus pretensiones tengan alguna posibilidad de fortuna, requerirá asesoría letrada, carga no baladí si se considera que por tratarse en general de delitos menores, usualmente no estará dispuesta a asumir las expensas de servicios profesionales para conseguir una pena superior a la buscada por el MP, ya que en todo caso, una condena, con indiferencia de su quantum, le facilita igualmente demandar la responsabilidad por los daños causados en sede civil (artículo 178 del Código de Procedimiento Civil). Definición de Obligatoriedad Una aproximación a Obligatoriedad podría ser la siguiente: Calidad de obligatorio de un mandato, orden o disposición de un … También nuestra jurisprudencia, en sentencia de la Corte Suprema, Barahona Larenas (2006); Corte de Apelaciones Herrera con Romero (2006); y Valencia con Abarca (2006). Mcdonald (1986-87) p. 203, n. 2; Rodríguez (1997) p. 68; y, Pizzi (2004) p. 213. 26 Segundo Informe de la Comisión del Senado. )", en Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio (Madrid, Tecnos) pp. El principio de proporcionalidad o prohibición del exceso, constituye un principio general del Derecho que rige el establecimiento y aplicación de toda medida … 102, 134-135. 50 v.t. (2013): Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal (Barcelona, Bosch). En primer término, la fijación de la cuantía de la multa bajo el mínimo legal (artículo 70, inciso 1° in fine, del CP), pues se ha reconocido el carácter facultativo de su determinación judicial, aun cuando debe ser razonada y fundada en la sentencia49. Y situados en este contexto, pareciera que lo reflexionado permitiría concluir que si el legislador autoriza al MP, no obstante encontrarse ya agotada y cerrada la investigación y presentada una acusación respetuosa del principio de objetividad, a modificar esta más allá de las secuelas de la incorporación de la mitigante del artículo 11 Nº 9 del CP, esa modificación obedecerá al resultado de una alteración paccionada de los hechos principales o accesorios acreditados durante la investigación y/o de su calificación jurídica23. Principio acusatorio y determinadas garantías procesales (el deber de correlación) (Santiago, Jurídica de Chile). 98 y ss. Web¿Cuáles son los principios que imponen la obligatoriedad de motivar una sentencia judicial? Sánchez con Moreno (2013): 9° Juzgado de Garantía de Santiago RUC Nº 1000549851-7, de 27 de enero del año 2013. Entonces, si se acepta que la acusación no debe contener sino los hechos y la calificación sobre los que la investigación "proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento", cuando el Fiscal en medio de una negociación con el imputado ajusta la acusación a dicho parámetro, en verdad no la ha modificado en uso de su discrecionalidad, sino más bien la ha corregido en cumplimiento de su deber de actuar con objetividad y dar correcta aplicación a la ley. Empero, este obligatorio ejercicio de la acción penal en la partida del procedimiento, se menoscaba cuando el MP fragmenta el hecho delictivo investigado y excluye de la pretensión procesal de la acusación, elementos fácticos que conducirían a una tipificación más gravosa del hecho principal, o constituirían circunstancias calificantes o agravantes del mismo. 453 y ss. WebEn este punto hoy la doctrina predominantemente estima como facultativas para el juez tanto la rebaja de la pena como el monto de ella 51, no obstante lo cual, encontramos … Prosecutorial discretion and the guilty plea (Louisiana State University Press). WebPrincipio de personalidad en derecho penal. Aguilera, Encarnación (1998): El "principio de consenso". Una situación similar se advierte en Ministerio Público con Varas (2009): del Juzgado de Garantía de Valdivia. Lo anterior, pareciera demostrar que el persecutor penal en realidad muchas veces persigue por su intermedio solo el etiquetaje del hechor –a modo de labeling theory–13 de manera que aun cuando la pena, por lo exigua de la misma, no sirva como expresión de reproche ni cumpla ningún fin disuasivo ni preventivo, permita sin embargo el etiquetaje social del autor como desviado. … WebEn este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe … 1003 - 1033 [2015] el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acciÓn penal en los … 9-25. 21 Lo comentado se refleja en García con Carrasco (2013). Del Río, Carlos (2010): "Dos formas discutibles de poner en duda el carácter cognoscitivo de la aplicación judicial del derecho penal: El principio del consenso y la garantía de la no agravación punitiva", Revista de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 323-382. Empero, el Juzgado de Garantía no está vinculado a la calificación jurídica de los hechos propuesta por el MP en su acusación, y el límite de pena de la sentencia estará dado en este supuesto por la pena mayor solicitada por el querellante, según prescribe el artículo 412 del CPP76. II. Legalidad procesal penal. Ministerio Público con González (2010): Juzgado de Garantía de Puerto Varas, RUC Nº 0910029611-7, de 4 de febrero del año 2010. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. WebEl principio de la universalidad. 31 Sobre esta deuda de la jurisdicción, v. Matus y Van Weezel (2003) p. 374; Politoff, Matus y Ramírez (2004) p. 537; Novoa (2005) T. II, p. 353; Cury (2005) p. 699; y, Medina (2009) p. 209. Confirma este aserto, el que se haya autorizado al Fiscal para considerar la aceptación de hechos que el acusado realiza en el juicio abreviado, como suficiente para la concurrencia de la circunstancia atenuante del artículo 11 Nº 9 del CP, "sin perjuicio de las demás reglas que fueren aplicables para la determinación de la pena", lo que da cuenta que el interés del legislador fue que dicha atenuante operara en conjunto con las otras circunstancias modificatorias que concurrieren, en la forma prevista en el párrafo IV del título III, y no según el arbitrio del MP. En este contexto, es usual que el MP incluya ya en el petitorio de la acusación de procedimiento abreviado o del requerimiento de procedimiento simplificado (ya sea como pena originalmente solicitada o resultado de la negociación con el imputado y su defensa) el influjo del artículo 68 bis del CP, esto es, considerar alguna atenuante como muy calificada, lo que conlleva el efecto extraordinario de rebajar en un grado la pena, no obstante que dicha calificación está entregada por la ley a la discreción del juzgador46 y, por tanto, no puede anticiparse en la pretensión punitiva del Fiscal47. Si se admitiera como objeto del procedimiento abreviado a hechos comprendidos en la acusación particular, mas no en la acusación fiscal y, por tanto, no aceptados por el imputado, se vulnerarían los artículos 1° –que reconoce el derecho a un juicio oral– y 406 del CPP –que establece como presupuesto del procedimiento abreviado la expresa aceptación del imputado de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren–, preceptos que suponen necesariamente la voluntaria renuncia del acusado a defenderse de los cargos en el juicio oral como esencial justificación de su legitimidad73. En el Segundo Informe de la Comisión del Senado se dejó constancia que "en primer lugar el requisito de aceptación de los hechos, al respecto, se indicó que hay dos maneras de abordar este tema. To learn more, view our Privacy Policy. Cerda, Rodrigo y Hermosilla, Francisco (2006): El Código Procesal Penal. Así las cosas, atribuir a este examen, que como vimos se dirige a confirmar la suficiencia de antecedentes que sustenten la acusación, otro aspecto diametralmente opuesto que permitiría corregir ahora la insuficiencia de la acusación ante los mismos antecedentes reunidos, permitiendo de algún modo –u obligando– al juez a verificar que no se haya desestimado en la acusación hechos que se encuentran debidamente justificados en los registros de la investigación, resultará igualmente dificultoso66. tratado de libre comercio perú efta, resultados elecciones municipales 2022 espinar, laudato si cultura del descarte, confección de polos deportivos sublimados, sistema integrado del programa contigo, tours a millpu desde lima, mapa de espinar y sus distritos, convocatoria de la red de salud tingo maría, observatorio de política criminal, kuélap chachapoyas noticias, segunda especialidad enfermería unsa 2022, inmobiliaria constructora, importancia de la manipulación de alimentos, análisis de rentabilidad y riesgos de los activos financieros, importadores de merchandising perú, noah schnapp comic con 2022 perú, stranger things cuantos libros son, mali exposición de luces, tesis sobre la importancia del agua brainly, biografía de josé maría arguedas resumen, descargos administrativos, cuales son los elementos esenciales del contrato de trabajo, crédito hipotecario sin inicial, oea educación descargar certificado, características de la política monetaria contractiva, todas las danzas típicas de arequipa, crónica género periodístico, despacho anticipado y diferido, electroforesis horizontal, como ir a oxapampa desde lima, teoría de la reproducción althusser, grifo nuevo lurin factura electrónica, importancia del área de ciencia y tecnología en inicial, oechsle teléfono lima, bitácora de trabajo docente, desarrollo de software trabajo, molitalia trabajo para mujeres, periodicos del perú virtuales, parques de atracciones en lima peru, que es mecánica corporal y cuáles son sus objetivos, breaking bad muerte de skyler, rotulos para carros cerca de mi, examen de lenguaje y comunicación para secundaria con respuestas, como evitar el sedentarismo en casa, el perú presenta déficit o crédito ecológico, lugares arqueológicos de pacasmayo, cuadernillos de evaluación censal 2018 primaria segundo grado, sedes de supermercados metro, cruzero evolution cruz del sur pasajes, perú pierde el repechaje, escasez de alimentos causas y consecuencias, backus precios por mayor cristal, pantalón trekking saga, la tecnología en el perú actual 2022, diferencia entre proforma y cotización, comida mexicana en surco, hablando huevadas lima 2022, camisas sport elegante, índice de pulsatilidad ductus venoso, hania pérez de cuéllar hija de, como pagar rus por internet 2021, población de huancavelica 2021, empezar el día con pensamientos positivos, cuanto gana un médico residente en perú, modelo de carta de instrucción interbank, importancia del sistema nacional de abastecimiento, última encuesta datum 2022, problemática del arrendamiento, hidrolavadora industrial karcher, malla curricular fisi unmsm, trabajo part time callao, cuanto gana un tripulante de cabina en latam perú, lotes en venta sucre bolivia, noticias sobre ética y moral en argentina, el mejor traumatólogo pediatra en lima, importancia de la convivencia intercultural, definiciones del texto argumentativo, déjalo ir john purkiss audiolibro,

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